jueves, 2 de julio de 2015

Necesidades

"Si los sistemas de justicia penal son la única fórmula a través de la cual los Estados Democráticos de Derecho resuelven el conflicto social e individual que plantea la comisión de un delito, resulta evidente que su buen funcionamiento es clave en la vida de las personas y la comunidad".

Marcos Emilfork Konow
Fiscal Regional de Los Lagos

 Si los sistemas de justicia penal son la única fórmula a través de la cual los Estados Democráticos de Derecho resuelven el conflicto social e individual que plantea la comisión de un delito, resulta evidente que su buen funcionamiento es clave en la vida de las personas y la comunidad. Ahora bien, su aplicación práctica en cada rincón del país permite visualizar necesidades de distinta naturaleza y entidad que, muchas veces, son posibles de satisfacer con mejoras de gestión internas, pero que en otros casos, y tal como lo he sostenido anteriormente, implican esfuerzos mayores.

Es así como a nivel regional puede advertirse, al menos desde la perspectiva de la Fiscalía, ámbitos en los cuales el sistema puede y debe fortalecerse, comenzando por el aumento de la dotación del Ministerio Público.  Para enfrentar los actuales volúmenes de casos, muy superiores a los previstos por los estudios previos al inicio de la reforma, se hace imperioso incrementar el número de fiscales y funcionarios. Basta decir que hoy sólo 26 Fiscales y sus equipos se hacen cargo de aproximadamente 58 mil causas que ingresan al año y, como la dotación está establecida por ley, sólo a través del proyecto actualmente en tramitación parlamentaria podrá paliarse este déficit.

Por su parte, las particularidades de la región, en especial su gran extensión geográfica, hacen necesario revisar la posibilidad de descentralizar algunos equipos investigativos policiales, fundamentalmente para cubrir la provincia de Chiloé, como sucede, por ejemplo, en materia de accidentes de tránsito.   A su turno, la especialización requerida en la indagación de los delitos sexuales, económicos y de corrupción, plantea el desafío de ampliar la oferta investigativa en éstas áreas.

En el campo pericial, se aprecia como foco estratégico el potenciamiento del Servicio Médico Legal y los Laboratorios de Criminalística de ambas instituciones policiales, lo que posibilitaría principalmente acortar los tiempos de respuesta de los respectivos informes.

Otra área importante es la justicia penal juvenil, que no se agota en el proceso penal y donde el acento debe colocarse en la correcta ejecución de las sanciones, haciendo realidad los fines de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Sabemos que existen otras necesidades individuales y sociales en distintos ámbitos, pero quienes han vivido la experiencia de ser víctimas de un delito saben lo que significa avanzar en estas materias.  De ahí que invertir en el sistema de justicia criminal es, en definitiva,  invertir en las personas y en el futuro de nuestra comunidad. 

  Columna de Opinión publicada por el diario El Llanquihue. 04 de Junio de 2015

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